El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por su sigla en inglés) detiene a personas en centros de acceso difícil - los defensores dicen que es un intento de hacer trampa con la Constitución.
Esta noche decenas de miles de adultos y niños van a dormir en centros de detención para inmigrantes. A diferencia de los acusados criminales, las personas en procedimiento de inmigración no tienen abogados públicos ni representación legal garantizada en el tribunal. En el área de Washington DC, esto significa que el 80% de los inmigrantes detenidos tienen que ir al tribunal solos, sin importar su edad, su educación o su conocimiento de nuestro complicado sistema legal.
Las personas que van al tribunal de inmigración, independiente de su estatus de inmigración, tiene el derecho de debido proceso de “tener acceso a un abogado” conforme a la ley federal y la Quinta Enmienda a la Constitución – o sea, siempre que puedan pagar un abogado o encontrar una organización sin fines de lucro que las ayudará gratis. Las reglas sobre el derecho de tener acceso a un abogado son la razón por la cual el verano pasado vimos casos muy dramáticos al desencadenarse la crisis actual de las separaciones de las familias en la frontera, por ejemplo cuando un juez federal en California ordenó una suspensión temporal a las deportaciones después de que el ICE internaba a los detenidos de inmigración en una cárcel federal y los impedía llamar o reunirse con abogados (ACLU de Southern California, 2018).
Pero esto es solo una forma obvia y muy visible en que el ICE fue acusado de interferir con ese derecho constitucional de tener acceso a un abogado. Los defensores de inmigración han afirmado repetidamente que el ICE está intencionalmente socavando este acceso también a través de medios encubiertos. Una barrera sumamente difícil es la ubicación de los propios presos: el ICE elige internar la mayoría de los inmigrantes en lugares altamente remotos, muy lejos de la mayor parte de los recursos legales existentes.
En el verano de 2018, el Centro Sureño de Leyes de Pobreza presentó una demanda contra el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional, alegando que los centros de detención de inmigración en Georgia y Louisiana han sido reduciendo intencionadamente el acceso a un abogado aunque técnicamente están “abiertos.” En primer lugar, el gobierno interfiere con la comunicación y las relaciones entre abogado y cliente por (1) ubicar los centros de detención “varias horas de distancia en coche” de los intérpretes, los abogados y otros recursos y (2) hacer difícil o prácticamente imposible la comunicación remota, tal como llamadas telefónicas y videos. Segundo, los abogados que hacen los viajes largos a veces deben esperar muchas horas antes que puedan ver a sus clientes debido a una escasez de personal y de salas de visitas para los abogados y sus clientes. Aun más, los abogados afirman que se han enfrentado el hostigamiento, las reglas arbitrarias y en constante cambio, y el gobierno que los escucha a escondidos durante conversaciones confidenciales y privilegiadas (The Associated Press 2014; Southern Poverty Law Center, 2014).
Ninguno de estos problemas son exclusivos a la actual administración o un producto de nuevas políticas de leyes locales de “Santuario”. Demandas similares fueron presentadas cuando el Departamento de Seguridad Nacional del Presidente Obama inició “detención familiar”, la práctica de detener a los padres y sus niños juntos sin una fecha final. (Hoy los oficiales están tratando de expandir detención familiar como un medio de evadir la solución de Flores, el cual requiere que se mantienen los niños inmigrantes en el entorno lo menos restrictivo posible). (CAIR Coalition, 2017)
En 2014 varias organizaciones defensoras allegaban en MSPC v Johnson que un centro en Artesia, New Mexico fue creado con el propósito de impedir tener acceso al proceso de asilo. La primera violación reclamada fue la ubicación del propio centro: “una cárcel en el desierto en el medio de la nada, a distancia de 200 millas de la ciudad grande más cercana” (New York Times, 2014). Durante semanas después de la apertura del centro, no había manera de que los abogados entren ni acceso telefónico para que las madres detenidas se comuniquen con sus abogados (ACLU).
En un caso más reciente, varios proveedores de servicios legales de inmigración basados en la ciudad de New York presentaron demandas para abordar la forma en que un asunto diferente relacionado con centros de detención remotos afectará el debido proceso: VTC, o el uso de tecnología de conferencia de video para tener audiencias en forma virtual donde las personas detenidas se ven a través de una pantalla de computadora como Skype en vez de estar físicamente sentado frente a un juez de inmigración. Los Defensores del Bronx y otras organizaciones reclaman que obligando a todos los detenidos en el área de la Ciudad de New York de aparecer a través de VTC significa que no pueden tener acceso a los servicios de interpretación necesarios ni entender que está pasando con sus casos, que los jueces no pueden distinguir si una persona está diciendo la verdad a través de las señales que se ven en persona, como la conducta y el lenguaje corporal, y que los problemas tecnológicos resultan habitualmente en demoras de meses y encarcelamiento innecesaria. Es mucho más común que los inmigrantes están obligados a tener las audiencias a través de videoconferencia cuando están detenidos lejos de los tribunales de la inmigración, los cuales están uniformemente ubicados en ciudades (PL v. ICE (.pdf).
El problema crónico de encerrar a los inmigrantes detenidos muy lejos de sus familias y de ayuda legal existe en nuestro patio trasero. La Coalición CAIR trabaja en una docena de centros de detención en Maryland y Virginia, pero este requiere idas y vueltas en coche de siete, ocho, hasta nueva horas en un día y miles de dólares de gastos de viaje para nuestro equipo legal. Nunca me han abiertamente negado el acceso a un centro de detención – pero sí he enfrentado algunas de las barreras más “sutiles” a debido proceso, tal como privacidad inadecuada en las reuniones legales. En una visita a una cárcel me reuní con un detenido en la sala de cuidados médicos, y nos sentamos en el piso y hablamos por una pequeña ranura en la puerta metal. La guardia se negó a alejarse del alcance de audición a pesar de mis solicitudes. Este impedía mi capacidad de hacer trabajo legal importante, tal como otros barreras a comunicación, tal como la falta generalizada de correo legal confidencial (o cualquier correo en absoluto) para mis clientes.
El debido proceso no solamente evitan que las puertas principales están físicamente encadenadas. También requiere que el ICE no intenta poner fin al acceso al abogado por la muerte por mil heridas a través de métodos más sutiles. Manténganse al tanto por actualizaciones en estos casos en curso mientras nuestros colegas defensores siguen empujando para acceso justo a un abogado.
