Grupos desafían el mandato que busca terminar con el asilo por parte de la administración Trump

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Cuatro organizaciones para los derechos del inmigrante – Pangea Legal Services, Dolores Street Community Services, Inc., Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC) y Capital Area Immigrants’ Rights Coalition – han pedido una orden de restricción temporal en una demanda que busca desafiar el nuevo mandato radical que busca extirpar el acceso a protección para personas que buscan refugio en los Estados Unidos. El mandato tomará efecto el 11 de enero del 2021 y transformará completamente el proceso de asilo, restringiendo severamente los cupos y protecciones con relación a individuos que están huyendo de situaciones de tortura o persecución.

Las organizaciones demandantes están siendo representadas por el Centro de Estudios de Género y Refugiados, el Programa clínico de refugiados e inmigración de Harvard y la firma de abogados Sidley Austin LLP.

“Publicada en las últimas horas de la administración Trump, este mandato demuestra el esfuerzo más impactante hasta la fecha para acabar con el asilo y a la vez, una sentencia letal a el compromiso de este país por brindar un resguardo seguro para aquellos que son perseguidos”, dijo Jamie Crook, director de litigios del Centro de Estudios de Género y Refugiados. “Este mandato violas nuestras leyes, incumple con nuestros tratados y sus obligaciones y contradice décadas de precedentes legales. Si se llegase a permitir que este mandato desmesurado se ponga en acción, esto resultaría en deportaciones de personas que tendrían que regresar a sus países a enfrentar el peligro de la persecución, la tortura, e inclusive la muerte.”

Este mandato despoja de cualquier semblanza a un proceso justo a aquellos que buscan asilo, ya que este impone muchos obstáculos que impiden la oportunidad de presentar su caso ante la corte de inmigración.  Entre las tantas provisiones perjudiciales, el mandato les permite a los jueces negar una aplicación de asilo sin antes tener que ordenar una audiencia. Este también establece doce nuevos factores “discrecionales”, los cuales vetarán la protección crucial que muchas personas que buscan asilo necesitan. Entre estos factores se encuentra una prohibición de facto del asilo para solicitantes que transiten por otro país en su camino a los Estados Unidos, y de esta manera se codifica y expande la ya impuesta restricción de tránsito por la administración Trump, la cual ya ha sido declarada “ilegal” por varias cortes.

Para aquellos que logren que su caso sea presentado ante un juez, el nuevo mandato reestablece radicalmente quien califica como “refugiado”, distorsionando la ley de tal manera que los “auditores judiciales” pueden negar las protecciones a prácticamente todos los solicitantes. Este mandato excluye explícitamente a victimas de violencia por género; niños/as y familias que han sido agredidas por pandillas; e individuos que huyen de abusos aberrantes. El mandato también redefine el término “persecución” de cierta forma que los jueces se verán obligados a negar el asilo, inclusive a personas que han sido detenidas o amenazadas a muerte a causa de sus creencias o ideologías.

“A pesar del alcance masivo de este mandato, la administración lo aceleró a través del proceso regulatorio, sin importar las graves implicaciones que esto conllevaría a los que buscan obtener asilo”, dijo Sabrineh Ardalan, directora del Programa Clínico de Inmigración y Refugiados de la Universidad de Harvard. “La administración prefirió ignorar alrededor de 90,000 comentarios y peticiones públicas, las cuales señalaban serias dudas y problemas con el mandato propuesto.”

Los demandantes en este litigio son organizaciones sin ánimo de lucro que proveen servicios legales de inmigración y quienes se han reunido previamente para detener otros esfuerzos que buscan imponerle barreras al proceso de asilo, por parte de la administración Trump. Ellos afirman que el nuevo mandato haría mucho más difícil el poder ayudar a clientes que buscan asilo, y consecuentemente esto causaría un daño grave para las comunidades de inmigrantes que acuden a están organizaciones.

Los demandantes le han pedido al Tribunal de Primera Instancia de EE.UU. para el Distrito Norte de California que introduzca permanentemente una orden judicial a nivel nacional para prevenir que el mandato se haga efectivo, argumentando que el mandato viola la Ley de inmigración y nacionalidad, la Ley de procedimiento administrativo, la Cláusula sobre garantías procesales de la Constitución de Los Estados Unidos y el deber de los Estados Unidos ante la ley internacional de no devolver a personas a situaciones persecución o tortura. El miércoles, mientras la corte considera el caso, los demandantes solicitaron una orden de restricción temporal para detener inmediatamente la implementación del mandato.

Los demandantes también argumentaron que el mandato es procesalmente nulo, ya que este fue emitido conjuntamente por Chad Wolf, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, cargo que fue obtenido ilegalmente, acorde con lo que han declarado varias cortes; lo cual no le otorgaría la autoridad para promulgar tal mandato.