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30 de abril de 2020
CONTACTO:
Neydin Milán, ACLU de Maryland, 443-707-5144, benavides@aclu-md.org
Inga Sarda-Sorenson, ACLU Nacional, 347-514-3984, isarda-sorensen@aclu.org
Sheena Pegarido, La Coalición CAIR, 202-559-4431, spegarido@linksp.com
BALTIMORE – La Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU de Maryland, La Coalición CAIR, y Sanford Heisler Sharp, LLP presenta una demanda federal hoy desafiando la falta de la Administración Trump de proveer audiencias justas para los inmigrantes detenidos.
Muchos de estos individuos, incluyendo a ellos buscando asilo, fue negados su liberación sin el gobierno teniendo que justificar su encarcelación, en violación de sus derechos al debido proceso debajo la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América.
Otros fueron encontrado eligibles para la liberación mientras esperan sus procedimientos de inmigración, pero en la actualidad son detenido solamente porque faltan los recursos financieros para comprar un bono para su libertad, en una violación de sus derechos de la Cláusula de Debido Proceso (Due Process Clause) y el Acto de Inmigración y Nacionalidad (the Immigration and Nationality Clause).
“Cuando el juez anuncio que estaba fijando el bono por $20,000, me sorprendí, dijo el demandante Jose de la Cruz Espinoza. “Mi esposa y niños también estaban muy molestos. Sabíamos que nunca podíamos pagar esa cantidad.”
“Manteniendo a la gente encarcelada por su estatus financiera y otras desigualdades es bastante malo. En el medio de la pandemia del Covid-19, puede ser una sentencia de muerte para cualquier persona atrapada en la detención,” dijo Michael Tan, director deputado del Proyecto de los Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
Los inmigrantes suelen enfrontar a las audiencias de fianza sin representación legal, sin explicación de como funcionar el proceso, y enfrontar barreras del idioma. Además de la discriminación financiera, muchos están siendo forzados inconstitucionalmente a suportar la carga de hacer su caso de libertad, en lugar de poner esa carga sobre el gobierno en cuanto a por qué su detención está incluso justificada.
“Demonstrar si una persona que ha emigrado a los Estados Unidos debe ser encarcelada, junto a la fijación de la cantidad de la fianza de acuerdo con lo que el inmigrante puede pagar, se supone son responsabilidades del gobierno, no del individuo. En un sistema judicial justo, lo que esperamos encontrar son estos derechos básicos y fundamentales porque son parte de nuestra Constitución,” dijo Nick Taichi Steiner, abogado del personal de la ACLU de Maryland.
“Detención civil innecesaria causada por procedimientos de fianza inconstitucionales, especialmente con la presencia de COVID-19 en las facilidades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), es simplemente mal. Todo lo que estamos pidiendo son procedimientos más justos. El corte de inmigración debe hacer que el gobierno a probar por que la privación de libertad de una persona está justificada y considera la habilidad de pagar de una persona cuando fijando la cantidad de la fianza. Cuando el juez fija la cantidad de la fianza y ha decidido que una persona no debe ser detenido, la inhabilidad de pagar de la persona no debe mantenerle en la cárcel,” dijo Jenny Kim, abogada principal de La Coalición CAIR.
El caso, Mirando v. Barr, fue presentado en el Corte del Distrito de los Estados Unidos (U.S. District Court) en Baltimore, Md.
La queja (Haga clic aquí)
