21 Contratistas de servicios legales piden la restauración de la programación de acceso legal en los tribunales de inmigración
Nosotros, los abajo firmantes, somos proveedores de servicios legales sin fines de lucro contratados a través del Programa de Orientación Legal (LOP) financiado por el gobierno para brindar la programación Conozca Sus Derechos y asistencia pro se a las personas que enfrentan procedimientos de deportación sin un abogado. El acceso a la información legal es fundamental para garantizar que las personas que atraviesan procesos judiciales de inmigración entienden sus derechos y proporciona un mínimo de justicia en un sistema desequilibrado. En los tribunales de inmigración abrumados y caóticos, trabajamos día tras día para proporcionar una red de seguridad para los solicitantes de asilo y a los miembros de la comunidad que luchan por defenderse de un fiscal financiado con fondos federales frente a un juez federal. Lo que está en juego es inimaginablemente importante: la deportación puede significar la muerte para quienes huyen de la persecución, y casi siempre significa el exilio permanente de familiares y seres queridos.
Nuestros programas son esencialmente programas de triaje. Somos abogados, asistentes legales, trabajadores sociales y representantes acreditados para brindar información y apoyo a las personas que enfrentan procesos de vida o muerte en un entorno acelerado, donde la necesidad supera dramáticamente lo que nuestros programas están financiados para realizar. Los servicios que brindamos son cruciales para la mayoría de las personas que enfrentan la deportación, aunque somos muy conscientes de que nuestros servicios también son una ayuda temporal, mientras abogamos para que el gobierno cree un programa de abogados designados para defender que enfrentan la deportación.
Durante la administración de Trump, los programas de acceso legal en los tribunales de inmigración fueron constantemente atacados y, de hecho, el programa LOP casi se terminó. En los cuatro meses primeros de la administración de Biden, a nuestras organizaciones les preocupa que sigue este enfoque antagónico hacia la programación de acceso legal y el acceso a la representación legal en los tribunales de inmigración. La semana pasada, la administración de Biden anunció una nueva iniciativa destinada a restituir las medidas de acceso a la justicia en todo el gobierno. El programa se basa en el principio de que "todos en este país deben poder reivindicar sus derechos y beneficiarse de las protecciones que nuestras leyes brindan en pie de igualdad". Sin embargo, esta aspiración se siente muy fuera del alcance de quienes navegan por el sistema de tribunales de inmigración y de nuestros equipos que intentan apoyarlos. Una programación sólida de acceso legal debe ser el punto de partida para garantizar que los inmigrantes estén incluidos en la programación de Acceso a la Justicia de la era Biden.
Nuestras preocupaciones son especialmente urgentes con respecto al grupo de programas de acceso legal bajo el paraguas del Programa de Orientación Legal, debido a las negociaciones contractuales con fecha final del 31 de mayo. En estas negociaciones, la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR) ha insistido firmemente en las disposiciones contractuales defendidas por la administración Trump que socavarían la eficacia de nuestros programas y dificultarían aún más la vinculación de la representación legal pro bono a las personas que lo necesitan. Estas disposiciones incluyen, por ejemplo, restricciones a la capacidad de nuestras organizaciones para derivar personas para representación legal completa. Dichas restricciones están en desacuerdo con los objetivos del programa LOP e ignoran la gran habilidad y experiencia de los proveedores LOP, muchos de los cuales han trabajado durante décadas para brindar servicios de manera eficiente y equitativa. En términos más generales, nuestras organizaciones y decenas de otras en todo el país continúan soportando la rutina diaria de políticas y prácticas que dificultan que los inmigrantes accedan a asesoría legal, particularmente para las personas en detención migratoria.
Estamos ansiosos por trabajar en colaboración con la nueva administración para asegurarnos de que los programas LOP brinden apoyo y asesoramiento a todos aquellos que lo necesiten. En los tribunales de inmigración, la justicia es escasa y la necesidad de corregir el rumbo es urgente. Animamos al liderazgo del Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y la Casa Blanca para garantizar que se tomen todas las medidas necesarias para reorientar el enfoque de la administración para adoptar y apoyar la programación de acceso legal y el acceso a abogados en el sistema de inmigración, y para comenzar el arduo trabajo para asegurar que todos los que enfrentan la deportación tengan un abogado a su lado. Un primer y pequeño paso en ese arduo trabajo es garantizar que las políticas dañinas y restrictivas de la era Trump desaparecen de las actuales negociaciones de contratos gubernamentales del programa LOP.
Firmado,
American Gateways
Capital Area Immigrants' Rights Coalition
Catholic Charities Archdiocese of Boston
Catholic Charities of the Archdiocese of Newark
Catholic Charities of the Archdiocese of Washington
Catholic Charities Atlanta
Catholic Charities of Dallas
Catholic Legal Services, Archdiocese of Miami
CCAGH Cabrini Center
Charlotte Center for Legal Advocacy
Diocesan Migrant and Refugee Services
Esperanza Immigrant Rights Project
Florence Immigrant & Refugee Rights Project
Immigrant & Refugee Services, Catholic Charities Community Services, Archdiocese of New York
Immigration Center for Women and Children
Legal Services of New Jersey
Mid-South Immigration Advocates
National Immigrant Justice Center
Northwest Immigrant Rights Project
Pennsylvania Immigration Resource Center
Rocky Mountain Immigrant Advocacy Network
