Un editorial reciente del Washington Post publicado el 20 de agosto del 2019, se enfoca en el número creciente de comunidades locales que están dedicando fondos públicos a programas de defensa de los inmigrantes. La premisa general de este editorial revela una falta de comprensión de cómo funciona el sistema de detención y deportación en la realidad, e ignora la disparidad racial inherente en el sistema de justicia penal de Estados Unidos que ha conducido a la sobre criminalización y condena de las personas de color. En la Coalición CAIR, que sirve a los más de 2,000 adultos y niños inmigrantes actualmente detenidos en cualquier momento en Maryland y Virginia, tenemos un asiento de primera fila ante la devastación causada por las políticas de inmigración que castigan doblemente a los ciudadanos no estadounidenses que han tenido un encuentro con el sistema de justicia penal. Por esa razón, nos opusimos fuertemente a la narrativa del “inmigrante bueno” versus el “inmigrante malo” tejido descrito en el editorial del Post.
Para nosotros, el punto de partida es si alguien es potencialmente elegible por una defensa en contra de la deportación de inmigración. Si lo es, entonces debe tener una oportunidad significativa de argumentar su caso en el tribunal de inmigración. Como señala correctamente el editorial, "significativa" se correlaciona con tener representación legal. Sin un abogado, la gran mayoría de los inmigrantes perderán sus casos, independientemente de los méritos. Muchos de los inmigrantes representados por la Coalición CAIR son residentes de larga duración en Estados Unidos, con cónyuges e hijos ciudadanos estadounidenses. Muchos de ellos son el sostén primario de sus familias. Si son deportados, sus familias sufren graves daños económicos y psicológicos. Si algunos de estos inmigrantes tienen condenas, pero son elegibles para perseguir una defensa en contra de su deportación de inmigración de acuerdo con nuestras leyes, ¿por qué son menos merecedores de la representación que otros?
Muchos de los inmigrantes que encontramos en procedimientos de deportación están ahí por condenas penales que tienen años, o a veces décadas. Algunos tienen infracciones muy leves a las cuales el sistema de inmigración ha aplicado la pena severa de deportación automática, independientemente de la antigüedad de la condena o de si fue el único error en los antecedentes de una persona que, por lo demás, está libre de manchas. Estos inmigrantes pueden haber cumplido hace tiempo sus condenas y seguido adelante con sus vidas, pero el sistema de inmigración no se lo permite. El editorial del Post ignora estos factores.
El consejo editorial del Post también ignora la cruel realidad de que en nuestro sistema de justicia penal los afroamericanos tienen mayor probabilidad que los blancos de ser detenidos, condenados y de cumplir largas penas de prisión. Según datos del año 2016 de la Oficina de Estadística de la Justicia de EEUU, los adultos afroamericanos tienen 5.9 veces más probabilidades de ser encarcelados que los blancos y los hispanos tienen 3.1 veces más probabilidades. Al negar la representación a las personas de color que se han visto atrapadas en el sistema de justicia criminal y que además son inmigrantes, nuestras comunidades estarían fomentando esta disparidad racial en vez de abordarla. Además, mientras que el editorial del Post plantea que es un mal uso de dólares de los contribuyentes financiar la defensa de los inmigrantes que han cometido delitos, ignora el hecho de que el gobierno federal ahora está gastando millones de dólares de los contribuyentes para deportar a individuos que no representan ningún peligro para la sociedad.
La Coalición CAIR ha representado y continúa representando a cientos de adultos y niños cada año, algunos con condenas y algunos sin ninguna. Cada uno de nuestros clientes, independientemente de sus antecedentes penales, merece la representación. Esto incluye a individuos como Aliou* quien lleva dos años en detención de inmigración luchando en contra de su expulsión basado en un solo delito de posesión de una sustancia controlada. Aliou es el abnegado padre de tres hijos ciudadanos de EEUU y el querido esposo de una ciudadana de EEUU. Según el editorial del Post, no es merecedor de la representación, aunque se enfrenta al exilio permanente a un país que dejó de niño, y a pesar de que a su familia le será quitado su querido padre y esposo.
¿De qué manera hace la deportación de Aliou* EEUU un país más seguro o mejor? ¿Cómo ayuda a su comunidad el negarle la representación a Aliou? Si es deportado, su comunidad perderá su labor y sus contribuciones tributarias. Si es deportado, las escuelas públicas a las que asisten sus hijos, así como su esposa tendrán que lidiar con las consecuencias académicas y psicológicas que tendrá su deportación para sus tres niños afroamericanos, traumatizados para siempre por el alejamiento indefinido de su padre de sus vidas. ¿De qué sirve destrozar esta familia? Estas son las preguntas que debemos hacernos en vez de criticar los esfuerzos de jurisdicciones locales para hacer todo lo que puedan para proteger a sus comunidades inmigrantes frente a ataques incesantes.
*Uso de un seudónimo para proteger su privacidad
